Contra la desinformación, ¿una comisión por decreto?

Existe a nivel mundial un amplio consenso, fruto de malas experiencias en diversos países, sobre los peligros de la desinformación y las noticias falsas. Estas pueden ser usadas tanto para reforzar el poder de regímenes autocráticos mediante la mentira (o la omisión de la verdad), como para debilitar por la misma vía la legitimidad de sistemas democráticos y la sana convivencia entre ciudadanos.

Existe también a nivel mundial un intenso debate sobre cuáles son los mecanismos y herramientas más acertados para hacer frente a la desinformación, respecto de lo cual no hay consenso. Sin embargo, como la experiencia es que los Estados tienen más recursos e incentivos para incurrir en esas prácticas -en especial aquellos donde son débiles el Estado de Derecho y la sociedad civil-, hay motivos para recibir con suspicacia el anuncio de iniciativas estatales para combatirlas.

Esto es aun más cierto cuando dichas iniciativas surgen por decreto, sin previa discusión con otros actores sociales o políticos, como es el caso de la recién anunciada “Comisión Asesora contra la Desinformación”, que deberá aconsejar a las carteras de Ciencia y a la Segegob “en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”, con miembros designados por el propio Gobierno.

Son comprensibles los cuestionamientos que han surgido desde el mundo académico y político, que hacen ver el riesgo de que una comisión como ésta pueda ser instrumentalizada políticamente por el Gobierno de turno. Parecería más apropiado, en lugar de crear una comisión que asesore a ministerios, apoyar múltiples esfuerzos de la sociedad civil en esta materia, que den más garantías de pluralismo e independencia.

En definitiva, una ciudadanía formada -desde la etapa escolar- en aptitudes y actitudes que la ayuden a procesar, discriminar y formar sus propios juicios sobre la validez de la información que recibe, y premunida de un sano escepticismo, siempre será la mejor defensa contra las noticias falsas o malintencionadas. En la sociedad de la información, antes que una asesoría gubernamental, conviene apostar por la mejor educación, el pensamiento crítico y la autonomía.